Defensoría del Pueblo Estado debe redoblar esfuerzos para priorizar protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Nota de Prensa n.° 1299/OCII/DP/2021

En la “Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Perú”, la Defensoría del Pueblo exige al Estado redoblar esfuerzos y cumplir con su obligación de brindarles protección especial para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, aún más ante las consecuencias de la pandemia por COVID-19.

En efecto, el confinamiento en el hogar no ha evitado que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de todo tipo de violencia, especialmente de la más grave: la violencia sexual. Según el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a agosto de este año, los centros emergencia mujer (CEM) han registrado 9833 casos de este tipo, es decir, 40 personas menores de edad agredidas sexualmente a diario, lo que representa el 29.1 % del total de casos atendidos.

Lamentablemente, no es el único problema. Las desapariciones siguen siendo una constante amenaza a su integridad y libertad; entre enero y agosto del 2021, se han registrado 3073 desapariciones de niñas, niños y adolescentes en la plataforma virtual a cargo de la Policía Nacional.

Además, el entorno de estudios escolares tampoco ha sido ajeno al problema de violencia, pues del 4 de enero al 31 de agosto último, el Siseve del Ministerio de Educación (Minedu) registró 411 casos de violencia, 223 provenientes del personal de la institución educativa.

En relación al acceso a la salud, en el año 2020, el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad con todas las vacunas completas fue solo de 46,3 %. A la fecha, existe una brecha de dicho grupo poblacional sin vacunar o que no ha completado su esquema de vacunación, situación que les expone a contraer enfermedades y limita su derecho a la salud; el Plan de recuperación de brechas en inmunizaciones es una oportunidad para revertirlo.

Por otro lado, si bien se ha priorizado la vacunación anti-COVID-19 de niñas, niños y adolescentes con comorbilidades mayores de 12 años, muchas/os otras/os aun enfrentan el riesgo de contagio; al 15 de setiembre del 2021 se registró un total acumulado de 127 747 niñas, niños y adolescentes contagiadas/os y 1110 fallecidas/os.

Sobre el acceso a una educación de calidad, es importante priorizar el regreso a clases semipresenciales seguras, con celeridad y condiciones máximas de bioseguridad, pues las escuelas además de ser un espacio de aprendizajes posibilitan realizar otros derechos importantes para el bienestar y desarrollo integral, como protección, salud mental, recreación, libre desarrollo de la personalidad, alimentación, entre otros. Para ello, la participación de las autoridades educativas, como de otros sectores y niveles de gobierno es imprescindible a fin de planificar el tránsito a las aulas de forma presencial, así como responder oportuna y adecuadamente a las necesidades de la diversidad de estudiantes, con énfasis en aquellas/os en situación de mayor vulnerabilidad.

Mención especial son las niñas, los niños y las/os adolescentes afectadas/os por el impacto de la pandemia en su ámbito familiar y que requieren de atención reforzada del Estado para ayudar a revertir las consecuencias de ese hecho en su proyecto de vida, desarrollo y estado socioemocional. Según cifras estimadas publicadas este 2021 en la revista científica The Lancet, el Perú es parte de los países con tasas de mortalidad de cuidadores primarios de al menos 1 por cada 1000 niños (10,2 por cada 1000 niños).

Todos estos datos muestran la magnitud de los problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el país y la necesidad, conforme a su interés superior, de que el Estado cumpla de manera prioritaria con sus obligaciones de asegurarles la protección y el cuidado necesarios para su bienestar integral. Asimismo, adoptar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas y oportunas, incluida la asignación de recursos financieros suficientes, pues el tiempo de ellas y ellos es ahora.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera al Estado observar estas obligaciones de manera permanente y prioritaria mediante los máximos esfuerzos para brindar condiciones que aseguren el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional. A la vez, recuerda a la comunidad en general que seguirá supervisando el cumplimiento de las funciones de las autoridades competentes en materia de protección contra la violencia, educación, salud y bienestar integral, entre otros, particularmente de la niñez y adolescencia en estado de mayor indefensión.

Vía Gob.pe