Indecopi, Cámara de Comercio y especialistas dieron sus aportes sobre código de defensa del consumidor
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside el congresista Jaime Delgado Zegarra (NGP), inició el martes 20 el debate del proyecto de ley que propone modificar algunos artículos de la Ley del Código de Proyección y Defensa del Consumidor.
La iniciativa (PL 57-2011), de autoría del congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP), recibió la opinión de representantes de INDECOPI y de la Cámara de Comercio de Lima, además de Wálter Gutiérrez, ex presidente de la Comisión que elaboró el Anteproyecto del Código.
Entre las innovaciones, Lescano plantea que el Código se aplique a los servicios a título oneroso que brinda el Estado, en todos sus niveles, como proveedor a usuarios finales; y que el plazo de atención a reclamos sea de siete días calendarios, sin prórrogas.
También, que los consumidores tengan derecho a percibir como pre indemnización hasta un 25% de la multa que imponga el Indecopi al proveedor, y que los establecimientos comerciales remitan, al ente regulador, la documentación correspondiente al libro de reclamaciones en el término de 72 horas de efectuado el reclamo o queja.
Al respecto, Wálter Gutiérrez consideró que la iniciativa es importante, pero requiere algunas modificaciones. Respecto al tema del ámbito de aplicación del Código, opinó que una cosa es la relación Estado proveedor-consumidor; y otra es Estado-ciudadano, donde hay un lazo de consumo.
Ante ello, sugirió crear el libro de reclamaciones para servicios del Estado y sacar una ley de protección del ciudadano en los servicios del Estado.
Edwin Aldana, secretario técnico de la Comisión de Protección del Consumidor de INDECOPI, consideró innecesario que se incorpore una disposición sobre el ámbito de aplicación de los servicios del Estado, porque ya está establecido en el numeral 2 del artículo IV del Código, referido a Proveedores.
El funcionario se mostró de acuerdo con el plazo de atención de siete días, pero prorrogable. Sobre el tema de la multa, dijo que se debe tener en consideración que la competencia para ordenar indemnizaciones es el Poder Judicial.
Rosa Bueno, de la Cámara de Comercio de Lima, opinó que en las relaciones de consumo de las empresas de telefonía y de servicios, el Estado ya decidió que estas se vean en los organismos reguladores.
“Hay que fortalecer a los organismos reguladores y no cargarle su función al Indecopi”, opinó, al tiempo de expresar su disconformidad con el plazo de siete días para la atención de reclamos.
TRANSGÉNICOS Y GRASAS TRANS
La Comisión también recibió al viceministro de Salud, Enrique Jacoby, quien junto a funcionarios de INDECOPI se refirió al etiquetado de alimentos transgénicos y etiquetado de gras trans.
El representante del MINSA dijo que es política de su sector evitar el ingreso y consumo de productos que han sido modificados genéticamente.
Sobre las grasas trans, indicó que estas son dañinas para la salud y que tiene un gran poder de producir lesiones cardiovasculares. En ese sentido, lamentó que haya productos que dicen estar libre de estos ácidos, pero que contienen grasa líquida parcialmente hidrogenada, sinómino de grasas trans.
“Es inaceptable que el país aún permita que los productores pongan el nombre que les dé la gana a diferentes artículos y que así confundan al consumidor”, expresó luego.
Ante ello, Jacoby Martínez no descartó la dación de un decreto supremo para prohibir que los productos contengan grasas trans.
Fuente: [congreso]
La iniciativa (PL 57-2011), de autoría del congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP), recibió la opinión de representantes de INDECOPI y de la Cámara de Comercio de Lima, además de Wálter Gutiérrez, ex presidente de la Comisión que elaboró el Anteproyecto del Código.
Entre las innovaciones, Lescano plantea que el Código se aplique a los servicios a título oneroso que brinda el Estado, en todos sus niveles, como proveedor a usuarios finales; y que el plazo de atención a reclamos sea de siete días calendarios, sin prórrogas.
También, que los consumidores tengan derecho a percibir como pre indemnización hasta un 25% de la multa que imponga el Indecopi al proveedor, y que los establecimientos comerciales remitan, al ente regulador, la documentación correspondiente al libro de reclamaciones en el término de 72 horas de efectuado el reclamo o queja.
Al respecto, Wálter Gutiérrez consideró que la iniciativa es importante, pero requiere algunas modificaciones. Respecto al tema del ámbito de aplicación del Código, opinó que una cosa es la relación Estado proveedor-consumidor; y otra es Estado-ciudadano, donde hay un lazo de consumo.
Ante ello, sugirió crear el libro de reclamaciones para servicios del Estado y sacar una ley de protección del ciudadano en los servicios del Estado.
Edwin Aldana, secretario técnico de la Comisión de Protección del Consumidor de INDECOPI, consideró innecesario que se incorpore una disposición sobre el ámbito de aplicación de los servicios del Estado, porque ya está establecido en el numeral 2 del artículo IV del Código, referido a Proveedores.
El funcionario se mostró de acuerdo con el plazo de atención de siete días, pero prorrogable. Sobre el tema de la multa, dijo que se debe tener en consideración que la competencia para ordenar indemnizaciones es el Poder Judicial.
Rosa Bueno, de la Cámara de Comercio de Lima, opinó que en las relaciones de consumo de las empresas de telefonía y de servicios, el Estado ya decidió que estas se vean en los organismos reguladores.
“Hay que fortalecer a los organismos reguladores y no cargarle su función al Indecopi”, opinó, al tiempo de expresar su disconformidad con el plazo de siete días para la atención de reclamos.
TRANSGÉNICOS Y GRASAS TRANS
La Comisión también recibió al viceministro de Salud, Enrique Jacoby, quien junto a funcionarios de INDECOPI se refirió al etiquetado de alimentos transgénicos y etiquetado de gras trans.
El representante del MINSA dijo que es política de su sector evitar el ingreso y consumo de productos que han sido modificados genéticamente.
Sobre las grasas trans, indicó que estas son dañinas para la salud y que tiene un gran poder de producir lesiones cardiovasculares. En ese sentido, lamentó que haya productos que dicen estar libre de estos ácidos, pero que contienen grasa líquida parcialmente hidrogenada, sinómino de grasas trans.
“Es inaceptable que el país aún permita que los productores pongan el nombre que les dé la gana a diferentes artículos y que así confundan al consumidor”, expresó luego.
Ante ello, Jacoby Martínez no descartó la dación de un decreto supremo para prohibir que los productos contengan grasas trans.
Fuente: [congreso]
