Defensoria del Pueblo invoca a autoridades nacionales, regionales y locales a conitnuar el diálogo

Ante la declaratoria del estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, la Defensoría del Pueblo invocó a las autoridades nacionales, regionales y locales a continuar con el diálogo iniciado en la víspera para lograr una solución a las protestas en esta región contra el proyecto minero Conga.

Asimismo, señaló que persistirá en los esfuerzos necesarios para continuar el diálogo entre las autoridades y organizaciones civiles de Cajamarca, a fin de lograr la tranquilidad y el orden en esta región.

Al término de la reunión de ayer domingo 4, donde participaron autoridades nacionales, regionales y locales, así como los principales dirigentes de las organizaciones sociales de Cajamarca, se logró importantes avances respecto al procedimiento destinado a tratar lo referente al proyecto minero Conga y al Plan de Desarrollo de la Región Cajamarca.

Sin embargo, no se firmó un acta debido a que los dirigentes cajamarquinos se negaron a levantar la protesta iniciada hace doces días.

La Defensoría del Pueblo, mediante la Adjuntía de Prevención de Conflictos y Gobernabilidad y de la Oficina Defensorial (OD) de Cajamarca, continúa insistiendo en lograr el diálogo y espera que, en las próximas horas, puedan suscribir las actas respectivas los dirigentes y las autoridades que solicitaron tiempo para informar sobre el contenido de los acuerdos a los sectores sociales que representan. 

Con relación a la declaratoria del estado de emergencia establecida en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, así como la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Defensoría del Pueblo señaló que estas instituciones para mantener el orden público deben ejercer sus competencias de manera prudente, responsable y dentro del marco constitucional.

Asimismo, precisa que el control del orden interno está a cargo de la PNP y que las Fuerzas Armadas solo están autorizadas a prestarle apoyo, más no a sustituirla.

En ambos casos, la Defensoría del Pueblo recuerda a las autoridades competentes que todas las medidas restrictivas de derechos deben ser adecuadas, necesarias y ponderadas.
Del mismo modo, esta entidad precisa que, en una declaratoria de estado de emergencia, algunos derechos se encuentran restringidos, mas no suprimidos, y que los ciudadanos que eventualmente se vean afectados podrán recurrir a los procesos de hábeas corpus y amparo, en caso de ser necesario.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recuerda a la ciudadanía que estará atenta a las posibles peticiones de intervención que le sean planteadas.


Fuente [Andina]

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