Defensoría del Pueblo: provincias de la región Puno deben reactivar instancias contra la violencia hacia la mujer

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Nota de Prensa N° 1295/OCII/DP/2020

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca requirió a las municipalidades provinciales de San Antonio de Putina y Lampa tomar medidas inmediatas que permitan reactivar las instancias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ambas no han registrado reuniones desde inicios del presente año, por lo que se requiere que este mecanismo de trabajo opere cuanto antes.

Cabe resaltar que, desde inicios de la emergencia sanitaria, la institución cursó hasta dos oficios con esta demanda, que ya ha sido acogida por las municipalidades provinciales de Melgar, Azángaro y San Román. Es preciso indicar que esta es una obligación establecida en la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Desde enero a setiembre de este año, los Centros Emergencia Mujer y Equipos Itinerantes de Urgencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendieron 2575 casos de violencia en la región Puno; además, a la fecha, se reportaron 7 feminicidios en la región, en 6 de los cuales viene interviniendo el Módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca por ser su zona de jurisdicción.

Frente a lo antes mencionado, se ha instado a los municipios provinciales a reanudar el funcionamiento y las actividades de las instancias de concertación, para contribuir a evitar más hechos de violencia en la región y adoptar acciones para garantizar la sanción de los hechos que ya ocurrieron.

Finalmente, cabe indicar que las instancias de concertación son mecanismos establecidos en la Ley N° 30364 cuyo objetivo es adoptar políticas dirigidas a prevenir cualquier tipo de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. En el caso de los gobiernos locales, se encuentran presididas por las municipalidades provinciales y/o distritales e integradas por representantes de la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, centros poblados menores y organizaciones comunales, así como del Centro Emergencia Mujer (CEM), Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), la Red de Salud, entre otras instituciones.



Vía Gob.pe

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