Declaración del Grupo de Lima

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Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, y del Ecuador y El Salvador, países observadores, reunidos de manera virtual, comprometidos en contribuir a la recuperación de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela y a aliviar la crisis multidimensional que padece la población venezolana, declaran lo siguiente:

1. Renuevan su apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas, y destacan su evidente voluntad y compromiso por contribuir a la transición democrática, conducida por los propios venezolanos, como único camino para alcanzar la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela.

2. Expresan su firme rechazo a la persistencia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de celebrar elecciones parlamentarias sin las mínimas garantías democráticas y sin la participación de todas las fuerzas políticas. Reiteran que la democracia se restablecerá plenamente en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, que incluyen un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, garantías de seguridad para los votantes, un censo electoral actualizado, la plena libertad de prensa y acceso a los medios de comunicación, la participación política de todos los venezolanos, acompañadas de observación electoral internacional independiente.

3. Manifiestan su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que comprende presuntos crímenes de lesa humanidad, documentadas en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 16 de septiembre último, el Informe ante dicho Consejo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reafirman su respaldo a la resolución 45/20 de ese Consejo que renovó por dos años el mandato de dicha Misión Internacional a fin de que esta continúe profundizando sus tareas de investigación y análisis.

4. Recomiendan que el informe de la Misión Internacional Independiente pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Asimismo, que a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección.

5. Expresan la urgencia de que se investigue a fondo las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, y hacen un llamado a las autoridades internacionales competentes a redoblar sus esfuerzos sobre este asunto.

6. Reconocen la dimensión y complejidad de la crisis humanitaria, económica, política, social y ambiental en Venezuela, la cual viene siendo agravada por los efectos de la pandemia, así como su impacto en la seguridad y estabilidad de la región y sus implicaciones internacionales. Saludan la labor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y reiteran la necesidad que el régimen respete los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia para reforzar la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias. Asimismo, reiteran la importancia de apoyar los esfuerzos de los países de acogida en la región con los migrantes y refugiados venezolanos, y hacen un llamado a las fuentes cooperantes a redoblar su apoyo a la respuesta humanitaria frente a la crisis multidimensional que se evidencia en Venezuela.

7. Reitera que persistirán en procurar converger con otros actores internacionales para movilizar una respuesta común de la comunidad internacional que contribuya a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho, que ponga fin a la usurpación, incluyendo las condiciones para una salida pacífica de la crisis, liderada por los propios venezolanos.



Vía Gob.pe

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