Defensoría del Pueblo: debe implementarse proceso de consulta a personas con discapacidad

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Nota de Prensa N° 1180/OCII/DP/2020

  • Debe asegurarse la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Ante la propuesta del dictamen que propone una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad y el inicio del proceso de diseño de la nueva Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo,  Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, solicitó a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad (CISPD) y al Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) poner en marcha el derecho a la consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

El funcionario recordó que, durante la elaboración de la Convención de Naciones Unidas, el lema “nada para nosotros sin nosotros” fue reivindicado por las personas con discapacidad para comunicar que no se pueden tomar decisiones relativas a discapacidad sin escucharlas previamente y a sus organizaciones. “Se debe asegurar la participación plena de las personas que serán directamente afectadas por la propuesta. Un nuevo marco normativo necesita una consulta amplia que recoja sus opiniones, observaciones y recomendaciones, pues son ellas quienes mejor conocen su realidad”, señaló.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló que el diseño de un nuevo marco normativo para las personas con discapacidad tiene que enmarcarse en el modelo social de discapacidad recogido en la Convención de las Naciones Unidas y debe significar un avance respecto a lo que ya existe. En ese sentido, la propuesta debe responder adecuadamente a la realidad actual que viven las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su autonomía y vida independiente, así como propiciando su inclusión en la vida comunitaria.

Por su parte, Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, instó al Conadis a cumplir con su función de promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas con discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles de gobierno correspondiente.

Explicó que, como ente rector en materia de discapacidad, debe asegurar que se respete el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, la cual debe implementarse en un plazo razonable teniendo en cuenta los principios de accesibilidad, buena fe, transparencia y oportunidad.

Asimismo, recordó que para implementar el proceso de consulta debe asegurarse la difusión de la medida propuesta. Para ello, el Conadis tiene el deber de informar a las personas con discapacidad sobre el contenido de dicha propuesta y debe darles un tiempo razonable para que realicen un análisis de la propuesta a fin de que puedan participar adecuadamente en el proceso. Además, se deben tomar en cuenta los diversos tipos y grados de discapacidad que existen.

Cabe recordar que, en el Perú hay un total de 3 209 263 personas con discapacidad, cifra que representan el 10.3 % de la población total del país. De estas, 1 820 304 son mujeres (56.7 %); y, 1 388 957 son hombres (43.3 %). La mayor concentración de estas personas se encuentra en el área urbana, en donde 2 715 892 manifestaron tener alguna discapacidad, frente a 493 369 del área rural. Asimismo, 2 618 026 personas (81.6 %) manifestaron tener solo una discapacidad y 591 235 (18.4 %) indicaron que tenían dos o más.



Vía Gob.pe

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