Fiscalía incauta documentos en Municipalidad Distrital de Pachacamac

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Una diligencia de exhibición forzosa e incautación de documentos y bienes en 13 oficinas de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, es realizada en estos momentos por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de víveres para 6250 canastas familiares por la emergencia COVID-19, valorizadas en S/. 500 000.

La intervención realizada por un equipo de fiscales y policías de la División de Alta Complejidad (Diviac) de Lima Sur, es conducida por la fiscal provincial, Raquel Dextre López y la fiscal adjunta Yuliana Espinoza Aguilar, en el marco de la investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de negociación incompatible y los que se determinen en el curso de las investigaciones.

En la diligencia realizada desde las 10:20 a.m., las autoridades ingresaron a un total de ocho inmuebles donde funcionan la Secretaría General; las gerencias de Administración y Finanzas; Planeamiento y Presupuesto; Desarrollo Humano y Promoción Social, así como las subgerencias de Logística, Tesorería, Contabilidad, Gestión de Riesgo de Desastres y seis almacenes municipales.

Allí vienen recabando documentación como órdenes de compra, contratos y adendas, informes técnicos, estudio de mercado, actas, padrón de beneficiarios, guías de remisión, entre otros.

La investigación


Entre las irregularidades señaladas inicialmente en un informe policial de la Dirección Contra la Corrupción respecto al proceso de adquisición directa N.° 02-2020-OE/MDP, figura un presunto direccionamiento para otorgar la buena pro a la empresa Happy Market SAC en el proceso ‘Adquisición de productos alimenticios de la canasta básica familiar para ser distribuidos en las zonas más vulnerables del distrito de Pachacamac en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19’.

Según dicha información, el contrato N.° 14-2020 que la empresa firmó el pasado 12 de abril, se habría producido el mismo día que se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores, razón por la cual se habría alterado la fecha del documento, cambiándola por el 14 de ese mes.

Asimismo, se detectó que la empresa no habría respetado el plazo establecido para la entrega de los productos y que, pese a ello, el 5 de mayo en que obtuvo su constancia de registro como proveedor del Estado, se firmó a su favor el acta de otorgamiento de la buena pro.

La disposición fiscal respecto a este caso establece, además, que la investigación preliminar iniciada el último 24 de julio, sea ampliada por 60 días, debido a las características y circunstancias de los hechos, y con el fin de continuar con las diligencias.



Vía Gob.pe

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