Defensoría del Pueblo: urge atender situación de vulnerabilidad que afrontan las mujeres indígenas
Nota de Prensa N° 869/OCII/DP/2020
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la Defensoría del Pueblo advierte la situación de desprotección social, económica y alimenticia en la que se encuentran un grupo importante de las más de 3 millones de mujeres que se autoidentifican como parte de alguno de los 55 pueblos indígenas de nuestro país.
Tal como se estableció en el Informe N° 002-2019-DP/AMASPPI/PPI: “Situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú”, emitido por nuestra institución, este grupo de la población atraviesa mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos fundamentales, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por la falta de políticas públicas que consideren de manera específica las barreras geográficas, lingüísticas y económicas que las afectan.
Entre las brechas más resaltantes identificadas se encuentran las dificultades para el acceso a un trabajo remunerado, solo un 27 % (606 320) de mujeres indígenas pudo acceder, frente a un 73 % (1 674 714) que realizó un trabajo no remunerado. Cabe indicar que esta situación se ha acrecentado durante la pandemia, debido a que muchas de ellas vieron afectadas sus fuentes de ingreso y, en consecuencia, el de sus familias.
Por otro lado, es preciso señalar el importante rol que desempeñan las mujeres indígenas en la preservación de la biodiversidad, el rescate de las prácticas agroecológicas y el incansable trabajo por garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Son ellas las que administran los alimentos y, como tal, velan por el bienestar familiar.
En ese sentido, urge que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, adopte reformas eficaces que garanticen el acceso a sus recursos en condiciones de igualdad, generando ingresos propios que aseguren su autonomía económica, formalizando el trabajo agrícola, otorgándoles acceso a los servicios financieros, entre otros.
De la misma manera, se deben mejorar los mecanismos para garantizar la igualdad de género en los procesos organizativos y en los cargos de toma de decisión, incentivando la participación de las mujeres indígenas. Si bien con la importante labor de la Femucarinap[1] y de la Onamiap[2] en los espacios de diálogo de alcance nacional se ha mejorado el posicionamiento de su voz. Sin embargo, aún falta promover la participación de las mujeres indígenas en espacios regionales y locales. Asimismo, corresponde revertir la posición de desventaja de las mujeres campesinas, en el cargo de presidenta comunal, puesto que representan solo un 5 % (224) respecto de sus pares hombres. Mientras que en las comunidades nativas representa solo el 4 % (102).
Sobre el particular, demandamos a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) garantizar la aplicación de la cuota del 30% de representación entre mujeres y hombres indígenas u originarios, en cumplimiento de la Ley N° 30982, con la rigurosidad de su evaluación en el proceso de inscripción de las directivas comunales. Además, las comunidades campesinas requieren afianzar los mecanismos internos para posicionar la partición de las mujeres en igualdad de condición que los hombres. Al mismo tiempo, se debe promover una estrategia similar para la aplicación de la cuota de representación de entre mujeres y hombres en comunidades nativas.
En esa línea, la Mesa de Trabajo para promover los Derechos de las Mujeres Indígenas u Originarias liderada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y conformada por las siete organizaciones de alcance nacional, Chirapaq y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, constituye un espacio fundamental cuyo objetivo es garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas u originarias con igualdad, sin discriminación, respetando y valorando de forma positiva sus conocimientos y aportes desde su diversidad cultural, por lo que debe ser fortalecido con la dotación de mayores capacidades logísticas y presupuestales para ser replicado en las regiones.
Finalmente, se invoca a las entidades públicas a tomar en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas en el diseño y la gestión de las políticas públicas, programas, proyectos y estudios que exige su adaptación en el contexto de pandemia. Al mismo tiempo, incorporar los lineamientos de la variable étnica en los registros administrativos, con la finalidad de garantizar la producción periódica de información estadística desagregada por género, edad y autoidentificación para conocer el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres indígenas.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso institucional para exigir a las instituciones competentes la atención a las necesidades de las mujeres indígenas durante su ciclo de vida.
[1] Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú.
[2] Organización Nacional de Mujeres indígenas Andinas y Amazónica
Vía Gob.pe
