Defensoría del Pueblo: urge aprobar una Ley General contra todo tipo de discriminación

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Nota de Prensa N° 872/OCII/DP/2020

En los últimos días, la población ha sido testigo de diversas agresiones discriminatorias realizadas por parte de particulares y funcionarias/os públicas/os que, basándose en los rasgos, características físicas y origen de una persona, descalificaron y ofendieron tanto a individuos, como a colectivos.

Frente a estos reprobables hechos, la Defensoría del Pueblo considera necesario recordar que los actos discriminatorios no solo afectan la dignidad de las personas y condicionan el ejercicio de otros derechos fundamentales, sino que también agravian a la sociedad en su conjunto.

Cabe señalar que todo acto discriminatorio merece el mayor de los rechazos. Sin embargo, cuando la discriminación es ejercida por una funcionaria o un funcionario público la gravedad es aún mayor porque tiene un deber especial de respetar y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de todas y todos. Tales obligaciones se encuentran recogidas, entre otras normas, en el Códigode Ética de la Función Pública, vinculante a las funcionarias y los funcionarios, así como a servidores públicos de todo nivel en el Estado[1].

Para la Defensoría del Pueblo, apelar a aparentes justificaciones, como la diversidad étnica-cultural del país o la falta de una intención discriminatoria en la expresión, constituye una forma de minimizar el problema y trivializar el daño generado a todas las personas afectadas con estas acciones. Asimismo, no contribuye a visibilizar este mal endémico y perpetúa su normalización en la sociedad.

Es oportuno recordar que, en la actualidad, el Código Penal, pese a las recomendaciones que la institución ha formulado de manera reiterada, no sanciona adecuadamente los discursos de odio o aquellos que promueven e incitan a la discriminación. No obstante, la Defensoría del Pueblo considera que el problema de la discriminación no se soluciona solo bajo un enfoque punitivo, sino, sobre todo, a partir de políticas preventivas que, permitan desmontar las ideologías, prejuicios y estigmas que aún la sustentan.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera al Congreso de la República la necesidad de aprobar una Ley General contra todo tipo de discriminación, que incluya medidas de sensibilización y educación dirigidas a la población en general, así como a las escuelas donde se forman niñas, niños y adolescentes.

[1]Ley del Código de Ética de la Función Pública. Ley Nº 27815; “4.1 Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado."



Vía Gob.pe

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