Ministerio Público reitera compromiso con las víctimas y familiares en casos de desapariciones forzadas
Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas. Este crimen es considerado como uno de los más atroces cometidos contra la humanidad ya que al desaparecido se le coloca en un total nivel de desprotección, al no conocerse el lugar exacto dónde se encuentra, las condiciones en las que está, y los motivos de ello.
La desaparición forzada es un delito que afecta diversos derechos de quienes la sufren (libertad personal, dignidad, integridad, entre otros) y sus efectos van más allá de la propia víctima: sus familiares, sus amigos, su comunidad, ven afectados su cotidianidad, su proyecto de vida, ante la incertidumbre, por el no saber cómo y dónde está.
En nuestro país, durante el periodo de violencia desde mayo de 1980 a noviembre del 2000, como consecuencia del accionar de grupos terroristas y de agentes del estado, ocurrieron diversas violaciones a los derechos fundamentales de, en su gran mayoría, las y los ciudadanas y ciudadanos más desprotegidos de nuestro país. En ese contexto cruento, miles de hombres y mujeres fueron desaparecidos, desconociéndose hasta la fecha la ubicación exacta de su paradero.
Desde el 2004, año en que el Ministerio Público creó el Subsistema de Derechos Humanos, las y los fiscales que lo conforman, junto al personal administrativo de cada despacho, y el apoyo técnico forense del Equipo Forense Especializado (EFE) y, desde el 2018, del Laboratorio de Biología Molecular de Ayacucho han logrado avances importantes en la judicialización de casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El trabajo multidisciplinario desplegado ha hecho posible que se hayan realizado las entregas de restos de víctimas a lo largo de esos años, logrando la restitución de los restos a sus familiares en ceremonias dignas y con respeto a sus costumbres.
Asimismo, se ha contribuido a concretar el derecho a la verdad (de las víctimas, familiares y de la sociedad en su conjunto) sobre lo acontecido a los desaparecidos en los casos emblemáticos como Cabitos 83, Accomarca, Comunidad Campesina Santa Bárbara, Chumbivilcas, donde no sólo se ha logrado condenas a los autores mediatos y directos de las desapariciones forzadas de las víctimas, sino que, se ha logrado la identificación total de las víctimas, como ha ocurrido en el caso 'Santa Bárbara'.
Conocedores de la necesidad y urgencia de atender los pedidos de justicia de las partes involucradas en los casos judicializados, desde julio del 2020, lla Fiscalía de la Nación ha repotenciado las Fiscalías Supraprovinciales de Ayacucho y Huancavelica, nombrándose un fiscal adjunto para cada una de ellas, así como se han creado las Fiscalías Transitorias de Apurímac y Junín de Derechos Humanos y Terrorismo.
Desde la Coordinación de las Fiscalías Superiores Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales de Derechos Humanos y Terrorismo, a cargo del fiscal Daniel Alberto Jara Espinoza, conjuntamente con todo el equipo de fiscales y personal administrativo así como el apoyo forense del equipo de EFE y LABIMOG - AYACUCHO, reafirmamos nuestro compromiso personal, profesional e institucional en seguir abonando a que el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto y a un real acceso a justicia de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, se concrete; así como seguir contribuyendo con nuestro trabajo a que estos hechos contra los derechos humanos no queden impunes, se cumplan con reparaciones integrales, y garantizar con ello, además, la no repetición de los hechos.
Vía Gob.pe
