Fiscalía apeló resolución judicial que rechazó prisión preventiva para funcionarios municipales y proveedores

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El Ministerio Público, a través del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, formuló recurso de apelación en contra de la resolución judicial que declaró infundado el pedido de nueves meses de prisión preventiva solicitado para tres funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y dos proveedores, investigados por presuntas irregularidades en la compra de guantes y mascarillas destinados a su personal operativo.

El veredicto apelado dispuso que los funcionarios municipales imputados, Luis Wilver Barrios del Pozo, Oscar Priscilio Leandro Diestra y Carlos Miguel Cabrera Huatay, así como los proveedores Michel Alexis Lanao Salvatierra y Modesto Cardoso Alvíncula, cumplan la medida de comparecencia restringida bajo reglas de conducta mientras son investigados por el delito de colusión agravada.

Sin embargo, en base a los fundados elementos de convicción y posible obstaculización de la acción penal por parte de los investigados, en audiencia realizada la tarde de ayer, el fiscal adjunto provincial Erik Rojas Oscategui interpuso el respectivo recurso de apelación, que será resuelto en una segunda instancia judicial.

Como parte de su resolución, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso que los tres primeros imputados paguen una caución de S/ 5 mil cada uno, mientras que para los empresarios se estableció el pago de S/ 15 mil.

El Ministerio Público atribuye en este caso que los proveedores habrían sido favorecidos como producto de la concertación con los tres funcionarios municipales; que se evidenciaría con la validación de sus propuestas por encima de otras, a pesar de que el valor económico de los bienes ofrecidos no se habría encontrado acorde al mercado y, en algunos casos, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas.

Según los elementos, recabados por la investigación a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos, para mostrar una supuesta ventaja se requirieron cotizaciones a diversas empresas cuya actividad económica no se encontraba la comercialización de mascarillas y guantes. Dicho manejo se habría producido en la fase de búsqueda de proveedores, en la de evaluación y validación de las cotizaciones y en la de estudio e indagación de mercado, a cargo de los funcionarios municipales investigados.



Vía Gob.pe

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