Defensoría del Pueblo: urge garantizar continuidad y calidad de servicios de salud mental en Puno
Nota de Prensa N° 723/OCII/DP/2020
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno exigió que la Red de Salud de San Román adopte medidas urgentes para asegurar la continuidad y calidad de servicios de salud mental del Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) de San Román, Juliaca.
Dichos servicios se han visto afectados debido a que, a fines de abril, la Red de Salud y la Coordinación del Programa de Salud Mental reubicaron al CSMC San Román en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde no se dispone del espacio adecuado para posicionar todos los materiales necesitados para la realización las diferentes terapias. Asimismo, este nuevo espacio solo cuenta con un servicio higiénico para el personal y los usuarios.
Anteriormente, el CSMC San Román prestaba servicios en parte de las instalaciones del Hospital de Contingencia Materno Infantil de Juliaca, donde poseía de mejores condiciones para brindar el servicio. Sin embargo, este hospital ha sido designado para la atención de pacientes con COVID-19, disponiéndose la reubicación del CSMC como medida de seguridad.
Por otro lado, la falta de psiquiatras en el CSMC ha ocasionado que no se pueda atender a nuevos usuarios, por lo que no se han abierto historias clínicas nuevas y existe una lista de espera para la atención, toda vez que es necesaria la evaluación y diagnóstico de cada paciente nuevo en una primera fase. Asimismo, la falta de acceso a internet en los nuevos espacios, imposibilita la realización de teleconsultas, de manera que solo atiende a los pacientes mediante llamadas telefónicas.
Por otro lado, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, demandó, también, que se asegure el proceso de entrega de medicamentos y se presten los servicios en las condiciones que exige la Ley N° 30947, bajo el modelo comunitario, en el marco de las obligaciones contraídas en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Si bien se requiere una atención adecuada a las personas afectadas por la COVID-19, no se debe descuidar la atención de calidad a las personas que en este contexto, cada vez más, vienen presentando problemas de salud mental, o personas con discapacidad psicosocial que son nuevos usuarios”, agregó.
Cabe señalar que, en el contexto de la pandemia, la Defensoría del Pueblo viene supervisando la prestación de servicios de salud mental en diversas regiones del país, producto de ello se han evidenciado afectaciones a la atención y continuidad de cuidados en algunos Centros de Salud Mental Comunitarios de Lima, San Martín y Puno. Asimismo, se advirtieron afectaciones a la atención de las personas institucionalizadas en el Hospital Víctor Larco Herrera.
Las situaciones identificadas hasta el momento han sido puestas en conocimiento del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud hasta en dos oportunidades, reiterándole la recomendación al sector de coordinar acciones y medidas inmediatas a través de sus órganos competentes para la prevención y atención de los casos de personas institucionalizadas contagiadas de COVID-19; así como garantizar la atención y continuidad de cuidados en todos los establecimientos de salud mental, esto es, centros de salud mental comunitarios, hogares protegidos, unidades de salud mental y adicciones, entre otros. Sin embargo, a la fecha, no se ha obtenido respuesta.
Finalmente cabe recordar que la Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Nacional Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), publicó el Informe especial N°05-2020-DP, que da alcances sobre la situación de esta población vulnerable en el contexto de las medidas adoptadas ante la pandemia por coronavirus.
Puede ver el informe en el siguiente link:
Vía Gob.pe
