Defensoría del Pueblo: urge aprobar planes y ejecutar presupuesto de seguridad ciudadana en municipios de Lima
Nota de Prensa N° 748/OCII/DP/2020
Al término de una supervisión efectuada por la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima a las 43 municipalidades de Lima Metropolitana, se verificó que el 42 % han omitido el deber legal de aprobar, mediante ordenanza, sus respectivos Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2020, instrumentos de gestión que orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.
En relación a los proyectos en materia de Seguridad Ciudadana la supervisión arrojó que el 51 % de las municipalidades limeñas no han asignado presupuesto alguno en dicha materia. Asimismo, que las municipalidades de La Victoria, Ancón, Ate, Cieneguilla, Agustino, Los Olivos, Pucusana y Puente Piedra reportan 0 % en el avance de ejecución del presupuesto, mientras que otras municipalidades, como las de Magdalena del Mar, Comas, Villa El Salvador y San Borja, reportan un avance de ejecución menor del 10 %.
Alberto Huerta, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, indicó que igualmente se recogió del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ejecución del presupuesto asignado en materia de seguridad ciudadana, en cada una de las 43 municipalidades limeñas encontrándose un mínimo avance al cierre de julio 2020.
La institución verificó, además, que respecto de actividades de “Capacitación y organización de la población sobre mecanismos de prevención comunitaria” las municipalidades de Breña, Rímac, Magdalena, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Santa María del Mar no han certificado presupuesto. Por su parte las municipalidades de Ancón, Chaclacayo, Pucusana, San Luis, Villa Maria del Triunfo y Cercado de Lima reportan un avance de ejecución presupuestal menor del 10 %.
Respecto a la actividad “Patrullaje municipal por Sector”, el 60 % de las comunas limeñas han ejecutado menos de la mitad de su presupuesto, y lo que es más crítico aún, 7 de ellas no han ejecutado ni la tercera parte de los recursos, como es el caso de Breña, Surquillo, Rímac, Ancón, Pachacámac, SJL y San Luis.
En simultáneo, también se supervisó la totalidad de los portales web de los gobiernos locales para verificar si por ese medio transparentan y rinden cuenta a sus vecinos sobre las gestiones administrativas de sus respectivos Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec). Al respecto, se comprobó que el 40 % omitió el deber de informar a la población hasta julio 2020 (debieron realizar 3 sesiones).
A estos hallazgos, se suma que 9 de cada 10 municipalidades no publicaron las actas de las “Consultas Vecinales” y tampoco los informes trimestrales sobre avances de ejecución de actividades.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima ha cumplido con poner en conocimiento de los gobiernos locales de Lima los referidos hallazgos, demandándoles aprobar sus “Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2020”, incorporarlos al Plan Operativo Institucional y difundir su implementación en los portales web, así como transparentar y rendir cuentas de las gestiones de los Codisec, impulsando la ejecución del presupuesto.
También se ha requerido a las municipalidades establecer plataformas virtuales para recibir los requerimientos vecinales en materia de seguridad ciudadana (whatsapp/celular), así como realizar campañas de sensibilización a la población sobre medidas de seguridad personal y familiar en el actual contexto de incremento de delitos y ciberdelitos patrimoniales.
Finalmente, la institución recordó a los municipios la obligación legal de presentar los “Planes de Acción de Seguridad Ciudadana” para el año 2021, dentro del plazo máximo establecido por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, siendo este el 30 de setiembre del 2020.
Ante cualquier queja o consulta, las ciudadanas y los ciudadanos afectados pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-15-170.
Vía Gob.pe
