Defensoría del Pueblo: debe garantizarse acceso a equipos móviles de bajo costo para reducir la brecha digital
Nota de Prensa Nº 839/OCII/DP/2020
Este domingo 30 de agosto iniciará el bloqueo de un millón de celulares con IMEI inválido, con el objetivo de disminuir los robos y hurtos de estos equipos y disuadir su comercialización. Ante ello, la Defensoría del Pueblo requirió al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) desarrollar mayores acciones de difusión de la medida.
Al mismo tiempo, la institución demandó impulsar coordinaciones con las empresas operadoras para que, en la venta de equipos móviles, se otorguen facilidades de pago, y que realicen esfuerzos para incorporar en su oferta celulares de bajo costo, a fin de promover en este escenario de crisis sanitaria la adquisición legal de estos equipos.
Cabe señalar que la importante cantidad de equipos que se compran de manera informal, advierte la necesidad de implementar medidas complementarias para facilitar el acceso a teléfonos móviles entre quienes carecen de suficientes ingresos económicos para adquirirlos y así disminuir la brecha digital como política nacional.
Actualmente, las empresas operadoras, a través de sus páginas web y tiendas en línea, publicitan celulares en venta, pero solo mediante pago único o al contado. Esta situación, podría significar una seria limitación para muchas personas que, en este periodo, no pueden desembolsar inmediatamente el costo total de un celular.
Para la Defensoría del Pueblo otro aspecto a considerar son los precios de los celulares, los cuales varían entre empresas y dependiendo de si se adquiere el equipo con una línea nueva, mediante portabilidad o renovación. Para una nueva línea en la modalidad prepago, los precios más económicos de los equipos ofrecidos por los operadores Entel y Claro, son de S/ 399 y S/ 219, respectivamente; en tanto, Movistar ofrece un celular a S/ 169, pero sujeto a la contratación de un plan pospago de S/ 55.90.
En esta época de pandemia que exige el distanciamiento social para disminuir la propagación del COVID-19, garantizar el acceso a un teléfono móvil es un paso importante para combatir la exclusión digital y financiera. En este sentido, lograr que la ciudadanía acceda a este medio de comunicación es la base para promover el ejercicio del derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones (telefonía e internet móvil), permitiendo la comunicación, acceder a la educación remota, a información estatal, al teletrabajo e incluso acceder a los bonos económicos que otorga el gobierno a través de los servicios de “dinero móvil”.
La Defensoría del Pueblo continuará supervisando las disposiciones que emita el Osiptel, así como las acciones de las empresas para garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país, en el marco del estado de emergencia nacional.
Vía Gob.pe
