Defensoría del Pueblo: debe garantizarse el cumplimiento de lineamientos en entrega de bonos a hogares indígenas

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Nota de Prensa N° 763/OCII/DP/2020

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La Defensoría del Pueblo requirió al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reforzar las coordinaciones con las autoridades regionales de salud, gobiernos locales y representantes comunales, a fin de garantizar la entrega ordenada de los bonos económicos a los hogares indígenas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, evitando los riesgos de contagios por COVID-19.

En ese sentido, la entidad destaca la reciente aprobación de los “Lineamientos para el otorgamiento de subsidios monetarios a hogares beneficiarios y subvenciones económicas a usuarios de Pensión 65, en el ámbito rural con poblaciones indígenas y originarias frente a la emergencia por COVID-19”, que recoge diversas recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo desde inicios de la pandemia.

Como se recuerda, la institución ha recibido numerosas quejas relacionadas a la modalidad de los pagos y la falta de conectividad para tener acceso a la lista de personas beneficiarias. Por ejemplo, pobladoras y pobladores de cuatro comunidades nativas ubicadas en el distrito de Punchana, en Loreto, tuvieron que trasladarse a la comunidad nativa San Juan de Sinchicuy para acceder a señal telefónica y enterarse que se encontraban en el padrón. Posteriormente, debieron dirigirse a la sede del Banco de la Nación ubicada en Iquitos para el cobro de los bonos, a donde llegaron luego de cuatro horas de viaje por vía fluvial. Situación similar se observó en otras localidades como la comunidad awajún de Supayaku, en el distrito de Huarango, en Cajamarca, donde 71 personas beneficiarias del bono rural se vieron en la necesidad de trasladarse hacia la capital del distrito ante la falta de una agencia bancaria en su localidad, entre otros.

En todos estos casos el riesgo de contagio fue latente. Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó adoptar las medidas necesarias para evitar que las y los integrantes de las comunidades indígenas se expongan al contagio del COVID-19 durante la entrega de los bonos.

Cabe señalar que, la norma aprobada contempla mecanismos de articulación entre instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en ese sentido. Asimismo, involucra a las dicciones y gerencias regionales de salud, los Tambos, las Plataformas de Acción Social (PIAS) y a las Unidades Territoriales del Programa Pensión 65.

Por ello, la Defensoría del Pueblo exige al Programa Pensión 65 a que, a través de sus unidades territoriales, establezca espacios urgentes de coordinación con las autoridades regionales, provinciales y distritales para encontrar el mejor mecanismo de pago. Asimismo, demanda al Ministerio de Cultura y al Midis reforzar la difusión del padrón de personas beneficiarias, fechas y lugares de pago a través de mensajes adecuados a la realidad lingüística de cada comunidad y haciendo uso de los medios de comunicación masiva como las radios locales de mayor sintonía.

La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante en el cumplimiento de las disposiciones contempladas en dichos lineamientos. Asimismo, en la coordinación que deberá hacerse con los gobiernos locales y líderes de las organizaciones indígenas para el establecimiento de los cronogramas y puntos de pago, que es otro de los aspectos de la norma que requieren especial atención.



Vía Gob.pe

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