Ministro de Justicia informa a Comisión de Fiscalización sobre refuerzo de medidas sanitarias y excarcelación de 1242 internos para deshacinar establecimientos penitenciarios
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, expuso de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República las acciones que emprende el despacho a su cargo, de forma directa y a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para combatir y minimizar los contagios por Covid-19 en los 68 establecimientos penitenciarios durante la Emergencia Sanitaria Nacional.
Explicó que las medidas se iniciaron incluso antes de la llegada de esta pandemia, pues en los meses previos se emitieron dos normas: el decreto de urgencia 008-2020 para la conversión de penas por omisión a la asistencia familiar; y el decreto de urgencia 018-2020 que regula el beneficio para que reos extranjeros cumplan condena en sus países de origen.
Posteriormente, se flexibilizaron los requisitos para la omisión a la asistencia familiar, con lo que se logró excarcelar hasta el momento a 867 internos en todo el país. Asimismo, se emitieron normas para la concesión de gracias presidenciales, a través de indultos y conmutación de penas para adultos y adolescentes infractores de la ley penal.
En total, 1242 personas privadas de su libertad han sido excarceladas gracias a estas medidas y beneficios penitenciarios.
Castañeda Portocarrero señaló que estos logros se obtuvieron, también, porque se involucró en la tarea a la Defensa Pública del MINJUSDH, que patrocinó, apoyó y logró la excarcelación de 82 reclusos. Asimismo, a la labor incesante de la Comisión de Gracias Presidenciales que se encuentra en sesión permanente para lograr su objetivo de deshacinar los centros penitenciarios.
Respecto a las medidas sanitarias y de salubridad para frenar al Covid 19, el titular del MINJUSDH mencionó que se han realizado tareas de fumigación y limpieza de las cárceles del país; asimismo, el control de la temperatura corporal de los internos; la práctica de lavado de manos, entrega de materiales de protección personal como mascarillas, guantes, mandilones, entre otros.
El ministro destacó que se realizan labores de fiscalización tanto en el reparto de equipos a los agentes e internos de los establecimientos, como en la compra de insumos. Hizo hincapié que ante una denuncia de presuntas compras irregulares en Junín, ha solicitado a la procuraduría pública y al presidente del INPE, se realicen las investigaciones para esclarecer y de ser posible sancionar malas prácticas.
Igualmente, sostuvo que se ha dispuesto establecer zonas de aislamiento para personas sospechosas de estar contagiados o nuevos ingresantes, y que se han acondicionado módulos temporales externos en 18 establecimientos penitenciarios, entre estos Lurigancho.
Manifestó que para velar por la salud de los internos e internas se cuenta con 477 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y técnicos. Sobre este punto, informó que ha hecho un requerimiento para contratar más personal especializado, con el fin de atender las necesidades dentro de los penales.
Respecto a las pruebas rápidas, recordó que solicitó al Ministerio de Salud 13 mil pruebas, que vienen siendo aplicadas a trabajadores e internos del INPE; y se han solicitado 30 mil.
Expresó además que se han adquirido 134 balones de oxígeno, los cuales se han repartido entre los 68 establecimientos penitenciarios del país.
Enfatizó que los esfuerzos también estuvieron dirigidos a mejorar la alimentación de los internos, a través de mayores recursos para las pailas; el establecimiento de una línea telefónica gratuita de apoyo para internos y sus familiares, el 1884, que ha recibido más de 4 mil llamadas en poco más de dos meses; la entrega de un bono por S/720 para los trabajadores, además de otras medidas.
Castañeda Portocarrero estuvo acompañado por el presidente (e) del INPE, Rafael Castillo; la gerente general del INPE, Erika Briceño; y la coordinadora de salud de esa entidad, Blanca Martínez.
El titular del MINJUSDH recordó que el Tribunal Constitucional, en su reciente fallo, reseña que la solución a los problemas de los penales requiere que se involucren los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como todas las instituciones del sistema de justicia, como el Ministerio Público, el INPE, entre otros.
El presidente del INPE explicó las acciones que se realizaron para aplacar el motín en el penal Castro Castro, el mes pasado, y precisó que la principal motivación fue el intento de fuga de reos de alta peligrosidad.
Vía gob.pe
