Comisión presidida por John Reynaga Soto contempla y reafirma los beneficios para las personas con discapacidad


La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside el legislador Jhon Reynaga Soto (NGP), en sesión del miércoles 7 acordó por unanimidad insistir en el texto del proyecto aprobado anteriormente por el Pleno del Congreso respecto de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que contempla diversos beneficios para ese sector social que se calcula en más de tres millones de personas.

La Ley General de la Persona con Discapacidad fue aprobada en el Pleno en junio pasado, y posteriormente fue observada por el Poder Ejecutivo en 14 puntos. Principalmente, en el porcentaje de empleo obligatorio, descuento en el ingreso a actividades deportivas, culturales y recreativas; servicio de empleo; nivel de vida adecuado y protección social; pensiones de orfandad; pensiones no contributivas; facilidades para la importación de vehículos y tecnologías de apoyo, entre otros.



La insistencia aprobada sostiene que las entidades públicas están obligadas a contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior a un 5% de la totalidad de su personal, y para el caso de empleadores privados la proporción de empleo no será menor a un 3%.

El Poder Ejecutivo sostiene que “…la ley debe restringirse a regular sólo las acciones del Gobierno y no de la empresa privada. El Estado peruano debe promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes”. Para ese fin propone que el Ministerio de Trabajo, en coordinación con los distintos gremios empresariales, establezca programas de inducción en las empresas privadas para la futura contratación de personas con discapacidad”.

El legislador Michael Urtecho Medina (SN) criticó la posición del Poder Ejecutivo, y recordó que la empresa privada hoy más que nunca goza de excelentes estándares económicos que le permitirán sin mayores riesgos incluir entre sus filas a un pequeño porcentaje de personas con discapacidad.

Otro punto observado por el Poder Ejecutivo y rebatido por la Comisión es el que propone descuentos en el ingreso a las actividades deportivas, culturales y recreativas. La autógrafa sostiene que la persona con discapacidad debidamente acreditada tiene un descuento del 50% sobre el valor de la entrada y este beneficio es aplicable hasta un máximo del 25% del número total de entradas en casos de espectáculos organizados por entidades estatales. Cuando los eventos sean realizados por la entidad privada, el descuento propuesto es del 20% en el costo de entrada y afectaría hasta un máximo del 10% del número total de entradas.

El Poder Ejecutivo sostiene que el descuento propuesto para la población con discapacidad “constituye una limitación ilegítima a la libertad de empresa consagrada en la Constitución y el control de precios afecta la libre competencia.”

El legislador Gian Carlo Vacchelli (GPF) calificó la observación del Ejecutivo como muestra de una gran indolencia. En otros países todos los espectáculos son totalmente gratuitos para la población que sufre discapacidad, recordó.

La pensión de orfandad para la persona con discapacidad es otro de los beneficios aprobados. La persona con discapacidad mayor de edad, que es beneficiaria de una pensión de orfandad bajo un régimen provisional, no será afectada en el cobro de su pensión cuando perciba una remuneración o ingreso asegurable no mayor a dos remuneraciones mínimas vitales del lugar de su trabajo habitual, sin considerar la prohibición de la doble percepción de ingresos establecidas en la ley de empleo público.

GRUPO DE TRABAJO

La Comisión formó un Grupo de Trabajo que se encargará de fiscalizar la calidad y precisión de las estimaciones de pobreza contempladas en el Mapa de Pobreza 2009 y que sirven de referencia para la aplicación de todos los programas de inclusión social e incluso en el diseño presupuestal del erario nacional.
El Grupo de Trabajo lo coordinará la legisladora Natalie Condori Jahuira, y lo integran también Yehude Simon Munaro (APGC) y Karla Schaefer Cuculiza (GPF).

“La pobreza comúnmente ha sido medida bajo un enfoque monetario, factor que suele descuidar otras privaciones y carencias muchas veces irreversibles que son los aspectos educativos, de salud, infraestructura, condiciones de vida que expresan en mayor medida la vulnerabilidad de los hogares y las personas, sostuvo Condori Jahuira.

El objetivo es legislar en materia de lucha contra la pobreza a fin de corregir insuficiencias metodológicas en la definición de poblaciones en condición de pobreza. Asimismo, fiscalizar y controlar problemas de subcobertura que afectan la inclusión de regiones, provincias y distritos que tienen importantes indicadores de pobreza y la reforma del Sistema de Identificación de Beneficiarios SISFOH y el Padrón Único de Beneficiarios para que incluyan a los pobres actualmente desatendidos

Fuente [congreso]

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