Defensoría del Pueblo Ministerio Público y Policía Nacional deben intervenir en casos de delitos contra el patrimonio cultural en Ayacucho
NOTA DE PRENSA N° 260/OCII/DP/2021
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho instó al Ministerio Público y a la Región Policial que dispongan la presencia coordinada de su personal ante denuncias de afectación al patrimonio histórico. Ello, tras advertir las dificultades que tiene la Dirección Desconcentrada de Cultura cada vez que solicita la intervención de ambas entidades, situación que ha originado el vencimiento de los plazos de investigación de 15 denuncias por el delito de atentado contra monumentos arqueológicos y 13 por el delito de destrucción, alteración y extracción de bienes culturales.
Al respecto, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho participó en una reunión de trabajo con la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se dio a conocer que el Ministerio Público mantiene las 28 denuncias en investigación preliminar, pese a que 7 datan de 2017, 2 de 2018, 14 de 2019 y 5 de 2020. Ante ello, se solicitó un informe detallado sobre cada caso a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho, a fin de verificar si se viene incumpliendo el principio del plazo razonable que vulnere el derecho de acceso a la justicia de la población, por cuanto la defensa del patrimonio cultural se trata de intereses difusos.
Cabe precisar que, mientras se desarrollaba la reunión, los propietarios de un inmueble declarado patrimonio cultural de la Nación, ubicado en el centro histórico de la ciudad, habrían contratado un cargador frontal para derribar la edificación, por lo que estaban consumando otro caso de presunto delito contra el patrimonio cultural, pero en flagrancia. Acogiendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, de manera inmediata, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno dispuso que su representante se haga presente en el lugar, para el recojo de la evidencia e inicio de la investigación fiscal, asistidos de personal policial.
“Exigimos también que la Municipalidad Provincial de Huamanga disponga las sanciones administrativas que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura o a su solicitud, ya que pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos o artísticos. Inclusive, corresponde a la autoridad edil demandar autorización judicial en la vía sumarísima para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales”, precisó Pacheco-Villar.
Asimismo, se recordó que por mandato constitucional, las construcciones y monumentos, entre otros, de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, y están protegidos por el Estado. De ahí que su defensa se trata de derechos colectivos de la población ayacuchana.
La Defensoría del Pueblo en Ayacucho se mantendrá vigilante de las decisiones que tome el Ministerio Público y la Policía Nacional en la tramitación de las investigaciones por delitos contra el patrimonio cultural y las acciones que promuevan las municipalidades provinciales en defensa de estos derechos difusos de la población.
Vía Gob.pe
