«Notas de Prensa»

El Ministerio Público suscribió esta mañana un convenio de cooperación con las rondas campesinas del distrito fiscal de San Martín, reconocidas constitucionalmente, a través del cual se las capacitará sobre sus facultades y limitaciones para administrar justicia en su comunidad. El acuerdo fue firmado por el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales,  en una ceremonia que contó con la participación masiva de los integrantes de las rondas campesinas de este distrito fiscal, en la provincia de Bellavista. Durante su discurso, precisó que mediante dicha iniciativa, la institución se compromete en primer lugar, a reconocer la autonomía y las competencias jurisdiccionales de las rondas campesinas señaladas por la Constitución.

El Ministerio Público inaugurará hoy el taller institucional: "Escenarios del Crimen al 2021" para validar estrategias y planes para prevenir y perseguir el delito. Esta actividad contará con la presencia del Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y asistirán representantes de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INPE, Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa. El taller se realiza como resultado de la consultoría que inició hace un año el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, con la asistencia técnica de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional de la Institución.

El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por Máximo Herrera Bonilla, tomará hoy juramento a 16 jueces superiores, 4 jueces especializados, 29 fiscales provinciales y un fiscal adjunto superior de diferentes regiones del Perú. Los  nuevos miembros del Poder Judicial y Ministerio Público se desempeñaran en los distritos judiciales de Áncash, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, San Martín y Cusco.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, Esperanza León Deza, tomó juramento a los integrantes de la nueva junta directiva de la ronda campesina del caserío de Purhuay, ubicado en dicha región norandina, informó el Ministerio Público. Hasta el referido caserío, ubicado en el centro poblado de Río Grande, se trasladó la autoridad del Ministerio Público para cumplir con la formalidad, atendiendo una invitación de los pobladores del lugar.

 El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, inaugurará el próximo lunes, una moderna sede del Ministerio Público en la ciudad de Moyobamba, destinada a mejorar los servicios que brinda dicha institución al ciudadano del distrito fiscal de San Martín. En primer piso cuenta con un moderno auditorio, una cámara Gesell y diversos ambientes para las áreas de administración e informática. Mientras que el segundo piso de la nueva sede serán destinados para las dos Fiscalías Provinciales Corporativas de Moyabamba y para la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit).

El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, participó a la ceremonia por el 32° aniversario de creación institucional del Ministerio Público, como órgano autónomo del Estado. Al ingresar al auditorio de la sede de la Fiscalía de la Nación, el mandatario estuvo acompañado del Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales; quien destacó la línea anticorrupción y de transparencia que el presidente Ollanta Humala viene impregnando en el trabajo del Estado, a todo nivel. Asimismo, durante su discurso, Peláez Bardales destacó la importante presencia del mandatario Ollanta Humala en esta fecha tan especial. Asimismo, aseguró que la institución continuará realizando una gestión flexible, transparente y con resultados, al servicio de la ciudadanía y para garantizar la democracia del país.

El Ministerio Público resolvió más del 80% de las casi 600 mil denuncias recibidas a escala nacional, desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el 1 de julio del año 2006. El aumento de denuncias, en un 25%, es otro logro desde la vigencia de la referida norma, porque expresa una “mayor confianza” de la población en la justicia penal, señaló el secretario técnico del equipo de implementación del NCPP del Ministerio Público, Víctor Yaipén. “Hay una mayor confianza de la población. Por ejemplo, cuando el ciudadano era víctima de robo antes (de la implementación del NCPP) no denunciaba el hecho”, dijo en el programa de televisión Los Fiscales.

Mañana viernes 28 de setiembre, los 59 mil abogados de Lima Metropolitana evaluarán a los jueces y fiscales que laboran en dicha circunscripción territorial, mientras que en el resto del país se realizará similar acto institucional, en la misma fecha o en los primeros días de octubre. Según informó el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, Raúl Chanamé, la evaluación es una encuesta o consulta pública para evaluar el desempeño jurisdiccional de los magistrados de todo el país. “Dicho referéndum sería incorporado dentro de los procesos de ratificación que realizan entes como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, afirmó La Evaluación analizará la labor jurisdiccional desde los siguientes criterios: Idoneidad, en lo referido a la motivación de resoluciones y a la celeridad procesal; y Conducta, en lo concerniente al trato y a la honestidad. Los calificativos variarán de muy bueno, bueno, malo

El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que conduce el Ministerio Público, ampliará su cobertura en 2013 a Carabayllo, Comas, Independencia y San Martín de Porres, lo que permitirá reinsertar a la sociedad a más menores autores de delitos leves. La fiscal superior Rita Figueroa, coordinadora nacional del programa, señaló que para ello se cuenta con el decidido apoyo de los municipios distritales que tienen el propósito de reducir los índices de inseguridad ciudadana que tienen como protagonistas a menores infractores. Indicó que se esta evaluando también la implementación del programa en distritos como La Victoria y Rímac, cuyos alcaldes han mostrado interés en el programa dada su elevada eficacia en la reinserción social y su bajo nivel de reincidencia. En provincias, se tiene previsto atender a jóvenes infractores de las regiones de Arequipa, Cajamarca y Piura, que se sumarán a los distritos judiciales donde opera el programa (Chiclayo, Chimbote y Lambayeque).

El Ministerio Público investiga las actividades del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) por la presunta comisión del delito de apología al terrorismo, informó el titular de la Fiscalía Superior Penal Nacional, Víctor Cubas Villanueva. Explicó que la investigación fue dispuesta a raíz de una manifestación violenta que realizó un grupo de activistas del Movadef en las instalaciones de la Universidad San Marcos, portando banderolas y dando proclamas por la amnistía del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. “También hay una investigación como consecuencia de una intervención de los miembros del Movadef en la presentación de un libro acontecido en el Centro Cultural de la Universidad Católica”, remarcó Cubas al programa Los Fiscales. El fiscal señaló que a la fecha hay otras pesquisas en curso, que permitirán determinar la presunta comisión del delito de apología al terrorismo, que está previsto y tipificado en el Código Penal.

La población del Cusco podrá dar a conocer sus aportes y quejas respecto al sistema de administración de justicia y evaluar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), durante la cuarta audiencia pública a realizarse este miércoles 19 en el Cusco. Según informó el Ministerio Público, la audiencia contará con la participación del Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y su comitiva integrada por Fiscales Supremos y funcionarios de la institución. Las audiencias públicas permitirán conocer la problemática de la ciudadanía sobre la labor que realiza las instituciones integrantes del sistema nacional de justicia. “Nos permiten detectar deficiencias, no sólo en el quehacer funcional de los demás operadores del sistema de justicia sino también del Ministerio Público”, indicó el Fiscal Supremo de Control Interno de esta institución, Carlos Ramos Heredia.

De enero a junio de este año, el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público ha beneficiado a 15 mil personas a nivel nacional y supervisado 5,712 medidas de protección dictadas por jueces y fiscales en diversos procesos penales. Así lo reveló Marión Cuya Hernández, coordinadora de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigo de Lima Centro, quien informó que el año pasado se había atendido a más de 35 mil personas Cuya Hernández explicó que, con el nuevo modelo procesal penal, se ha instaurado unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos en diversas partes del país, con la misión es apoyar la labor fiscal. Señaló que las unidades buscan, en primer lugar, evitar la re-victimización de las personas afectadas, decir, el daño que pueda sufrir por parte de los operadores de justicia durante el proceso de investigación o el juicio, ya sea por omisión o acción.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Alejandro Lamadrid, recibió de representantes del gobierno regional de Lambayeque un terreno en cesión, donde se edificará la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La entrega estuvo a cargo del presidente regional, Humberto Acuña Peralta, quien expresó que el objetivo es mejorar la competitividad en la región a fin de lograr un desarrollo sostenido. Acto seguido, se procedió a la colocación de la primera piedra por parte del magistrado Lamadrid, quien agradeció el apoyo dado. “El Ministerio Público agradece el apoyo institucional brindado, lo que nos impulsa a seguir creyendo que siempre existirán los mecanismos para continuar la tarea de mejora en el servicio a la comunidad”, dijo.

El Ministerio Público ejecuta acciones de prevención y persecución del delito en las zonas de mayor incidencia delictiva o “puntos calientes”, identificados por el trabajo de investigación y el uso de tecnologías por parte del Observatorio de la Criminalidad. En declaraciones al programa de televisión Los Fiscales, el gerente de este organismo, Juan Huambachano, explicó cómo su equipo ha detectado 3554 “puntos calientes” en 121 zonas del país. Indicó que este trabajo se inicia con las Jornadas de Acercamiento a la Población, que se realizan en colegios de las zonas donde se presume hay mayores hechos delictivos. Agregó que los delitos registrados son la micro comercialización de droga, el consumo de drogas, el robo y el pandillaje, y que el Observatorio de Criminalidad tabula esa información y la contrasta con la que cuentan otros organismos como la Policía Nacional.