«Notas de Prensa»

La Contraloría General de la República resolvió crear la Oficina Regional de Control Chimbote, como unidad orgánica de línea dependiente de la Oficina de Coordinación Regional Lima de dicha entidad de control. La Resolución de Contraloría Nº 282-2014-CG encarga a la gerencia central de Planeamiento asignar a la Oficina Regional de Control Chimbote el ámbito de control correspondiente. Encargar a la Gerencia Central de Administración la modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como la realización de las demás acciones de su competencia necesarias para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.

El Jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor, y el Contralor de la República, Fuad Khoury Zarzar, firmaron hoy un acuerdo institucional con el fin de desarrollar acciones conjuntas para el fortalecimiento de la gestión, transparencia y control público, mejora de los servicios del Estado, así como prevención y combate contra la corrupción, entre otros. Entre las múltiples acciones adoptadas en este convenio figuran las de promoción e implementación del Control Interno, fomentando su adecuado funcionamiento, difundir su normativa y buenas prácticas, así como brindar la asistencia técnica necesaria para dicho propósito. Asimismo, el reforzamiento de las acciones de prevención y represión contra la corrupción; promoción de mejoras y capacitación en gestión pública, control gubernamental, difusión y seguimiento de acciones correctivas. Durante su disertación, Jiménez Mayor resaltó esta iniciativa al calificarla como una alianza estratégica, con la finalidad de lograr acciones conj

El contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, pidió  "duplicar o triplicar" las penas para los delitos de corrupción porque desde el 2009 a la fecha los funcionarios sentenciados por esos casos han recibido sentencias benignas y sin prisión efectiva. "De los 1,500 casos denunciados desde 2009 en el Poder Judicial, ya hay fallos en 70 de los casos, y esas sentencias han sido favorables para el Estado en términos de que han sido condenados (los corruptos), pero han recibido sentencias sin pena privativa de libertad", precisó. Señaló que esta situación genera en la ciudadanía una sensación de impunidad frente a la corrupción.   Lamentó que la legislación, tanto civil como penal, se encuentre organizada de tal manera que las sanciones aplicadas apenas llegan a los tres años de pena suspendida, lo que exime de ir a prisión a quienes atentan contra los recursos del Estado.