«Notas de Prensa»

La Defensoría del Pueblo planteó hoy la elaboración de un plan nacional de seguridad vial para mitigar los daños que causan al país los accidentes de tránsito. Martín Ramírez, representante de la Defensoría, recordó que el último plan con el que se contó fue el correspondiente al periodo 2007-2011, cuyos  metas, dijo, lamentablemente no se cumplieron. "Se necesita que las autoridades competentes en el tema sean conscientes de la responsabilidad que tienen y afronten el problema con mecanismos de fiscalización", señaló Ramírez, en el conversatorio de TV Andina sobre la situación del tránsito en Lima.

Personal de la Defensoría del Pueblo supervisará hoy en la playa Agua Dulce, del distrito de Chorrillos, las condiciones de salubridad, señalización y presencia de personal de salvataje de la Policía Nacional en dicho balneario. Asimismo, presentará la campaña “Supervisa con la Defensoría”, cuyo fin es que los bañistas denuncien cualquier irregularidad como cobros indebidos, discriminación, falta de seguridad, entre otros problemas enviando sus fotografías a través de la cuenta en twitter, denominada @ladepe.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dará hoy a conocer los nuevos requisitos y exigencias previstos para el tercer proceso de compra de raciones y productos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Con la finalidad de fortalecer dicho programa social, el Midis diseñó e incorporó nuevas mejoras, las mismas que recogen recomendaciones de instituciones que conforman la Comisión Multisectorial, como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Asociación de Municipalidades y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, entre otras.

La oficina defensorial del Callao recientemente tomó conocimiento de que en la avenida Óscar R. Benavides (antes Colonial) se venía produciendo gran congestión vehicular, lo que ponía en riesgo la vida e integridad física de las personas. Ello era ocasionado por los propios transportistas, que se estacionaban en plena vía pública y durante varios minutos para llamar a los pasajeros.

La Municipalidad Metropolitana de Lima obtuvo el primer lugar en Transparencia a nivel nacional, al haber alcanzado el 100% en el cumplimiento de difusión de información rápida, completa y actualizada sobre la gestión a través de su Portal de Transparencia. Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo en la última supervisión de Portales de Transparencia Estándar realizada durante el primer semestre de 2013. Todos los años, esta institución evalúa a los ministerios, municipalidades y gobiernos regionales del país, a fin de calificar su actividad y compromiso de informar a la población sobre los avances y trabajos que vienen realizando.

 La nueva estrategia de gestión y prevención de conflictos del Gobierno permitió resolver más de 40 conflictos sociales en los últimos 12 meses, resaltó hoy el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Mencionó que el Poder Ejecutivo instala mesas de desarrollo en las zonas de influencia de los proyectos extractivos, con el propósito de garantizar la dotación de servicios básicos como agua, desagüe, atención médica, educación y carreteras. "Es un modo distinto de atender los conflictos y creo que es necesario reconocer que esta estrategia viene dando resultados, se ha reducido los conflictos. La crispación que existía por proyectos extractivos mineros se ha reducido ostensiblemente", expresó.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo, buscan mejoras normativas a la Ley Nº 29719, conocida como “Ley Antibullying”, para que tenga un mayor efecto entre la población estudiantil y contrarreste los casos de bullying. Esta decisión fue adoptada luego de que el INDECOPI presentara a las mencionadas instituciones los resultados del estudio realizado a nivel nacional, en centros educativos particulares de primaria y secundaria, sobre el cumplimiento de la citada ley.

El director general de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, Paulo Vilca Arpasi, y funcionarias del Ministerio de Cultura sostuvieron reuniones con representantes del Gobierno Regional de Madre de Dios, la Defensoría del Pueblo, la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y otras entidades de la sociedad civil, los días 11 y 12 del presente, en la ciudad de Puerto Maldonado. En tales reuniones se cumplió con informar sobre las acciones realizadas por el Ministerio de Cultura y las medidas que se implementarán con el objetivo de fortalecer la protección de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial (PIACI) que habitan en el ámbito de las Reservas Territoriales, especialmente la Reserva Madre de Dios y otras áreas del país y de la región.

El congresista José Urquizo y el presidente de la Asociación Nacional de Organizaciones de Personas Adultas Mayores del Perú (Anamper), Miguel Romero, propusieron al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, la creación de la Adjuntía para Personas Adultas Mayores. En una reunión protocolar sostenida ayer, Urquizo señaló que las personas adultas mayores representan alrededor del 10 por ciento de la población total del país y las proyecciones señalan que habrá un aumento significativo de este sector de habitantes en los siguientes años. “El Estado en su conjunto debería tomar medidas con el propósito de implementar políticas públicas en materia de salud, acceso a servicios básicos, ciudadanía, inclusión productiva y protección social para las personas adultas mayores”, afirmó En tal sentido, Urquizo Maggia consideró importante que la Defensoría del Pueblo brinde mayor visibilidad a este segmento poblacional creando una Adjuntía específica.

Representantes de la Defensoría del Pueblo saludaron el nombramiento por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de Edwin Béjar Rojas, primer juez titular invidente, quien estará a cargo del Tercer Juzgado de Familia del Distrito Judicial de Cusco. Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos de esa institución, sostuvo que esta designación significa un importante avance por parte del Estado peruano en el reconocimiento a las facultades de las personas con discapacidad. “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado peruano en el año 2008, establece la obligación de eliminar cualquier barrera que permita la discriminación de personas con discapacidad”, destacó.

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, saludó las acciones adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), dirigidas a la implementación del servicio de intérpretes peruanos de lengua de señas en sus oficinas de atención al público. Destacó que de esta manera dicho sector cumple la Ley 29535, que obliga a las instituciones públicas a brindar este tipo de servicio a los usuarios con discapacidad auditiva.

Las bancadas parlamentarias trabajan un acuerdo político para elegir al nuevo defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), bajo el criterio de capacidad y no por “simpatías políticas”, informó ayer el segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simon. Explicó que en una reciente Junta de Portavoces, las bancadas acordaron avanzar en el diálogo a fin de resolver esa tarea y que cada partido realice una propuesta técnica que permita una evaluación en consenso, cuando comience la legislatura, a comienzos de marzo.  “La idea es que busquemos a las mejores personalidades del país para ver si cumplen los requisitos a fin de ocupar esos cargos y en función de eso proponerlos al pleno. Estamos privilegiando capacidades, y no militancias o simpatías partidarias”, declaró a la Agencia Andina. 

La Defensoría del Pueblo invocó hoy a las autoridades a que evalúen técnicamente la viabilidad del penal Challapalca, del cual fugaron esta madrugada 17 reos de alta peligrosidad. El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila, refirió que la ubicación de ese penal genera diversos problemas que dificultan una buen control.  “Queremos invocar a este gobierno, que en forma muy meditada y con criterios técnicos analice la viabilidad de ese penal”, declaró. Recordó que durante las constantes supervisiones de Defensoría del Pueblo a ese penal, se concluyó que el centro nunca ha cumplido sus propósitos de tener altos niveles de eficacia. Agregó que desde el punto de vista de la seguridad, el personal penitenciario nunca tuvo las condiciones aceptables para trabajar en ese penal, pues su lejanía dificulta un control efectivo.

Ante la declaratoria del estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, la Defensoría del Pueblo invocó a las autoridades nacionales, regionales y locales a continuar con el diálogo iniciado en la víspera para lograr una solución a las protestas en esta región contra el proyecto minero Conga. Asimismo, señaló que persistirá en los esfuerzos necesarios para continuar el diálogo entre las autoridades y organizaciones civiles de Cajamarca, a fin de lograr la tranquilidad y el orden en esta región. Al término de la reunión de ayer domingo 4, donde participaron autoridades nacionales, regionales y locales, así como los principales dirigentes de las organizaciones sociales de Cajamarca, se logró importantes avances respecto al procedimiento destinado a tratar lo referente al proyecto minero Conga y al Plan de Desarrollo de la Región Cajamarca.

El defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, saludó hoy la convocatoria del Ejecutivo al diálogo para mañana domingo en Cajamarca, y dijo esperar que los promotores del paro sean receptivos a esa convocatoria. Indicó que su institución viene trabajando para el inicio, cuanto antes, del diálogo para solucionar las protestas contra el suspendido proyecto Minas Conga. Manifestó que en el transcurso del día el equipo de la Defensoría en Cajamarca se reunirá con las autoridades y voceros de la protesta conocer su parecer sobre este pedido. “Estamos en esa dirección todos, vamos a tener reuniones con las personas indicadas para ir resolviendo este problema”, declaró a la agencia Andina.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Huanta, Wilman Muñoz, invocó la intervención inmediata del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para que, ante la crecida y desborde del río Cachi, preste apoyo a la población que habita en su ribera, especialmente a la que se ubica en su vecino distrito de Chincho, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica. Durante una visita efectuada por personal de la Defensoría del Pueblo a la zona se advirtió que, producto de la crecida y desborde del río, existen en los anexos de Sillco y Mayuccatus casas y terrenos de cultivo afectados, pero además que el puente colgante “Viru Viru” fue arrasado, lo que ha generado que unas 100 personas, entre niños y niñas, adultos y adultos mayores, se hayan quedado varadas al otro extremo del puente en Huanta (Ayacucho), por lo cual se requiere la instalación de un puente aéreo para trasladar a la población aislada, así como carpas, alimentos y agua para los damnificados.