Defensoría del Pueblo: autoridades de Cusco deben actuar con rigurosidad en casos de docentes acusados de violencia sexual
Nota de Prensa N° 932/OCII/DP/2020
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco exhortó a las autoridades educativas de la región a actuar de manera oportuna en los casos de docentes acusados de violencia sexual contra estudiantes, muchos de los cuales son únicamente separados del plantel mediante la terminación de sus contratos, lo que podría ocasionar que inicien labores en otras instituciones educativas al no existir ningún procedimiento administrativo en contra de ellos.
El pedido fue formulado ante el reciente caso de una adolescente que habría sido víctima de violencia sexual por parte de un profesor contratado en una institución educativa de la provincia de Urubamba. Al tomar conocimiento del caso, el pasado 9 de julio la Oficina Defensorial demandó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) local no solo separar de manera preventiva al docente, sino además disponer el inicio de procedimiento administrativo disciplinario.
Como resultado de esta intervención, el 14 de julio la UGEL Urubamba comunicó a la oficina defensorial la aplicación de la separación preventiva y el inicio del referido procedimiento disciplinario contra el docente en el cargo. Además, el 1 de septiembre último se informó la destitución del profesor, lo que impedirá que pueda reinsertarse en la carrera pública magisterial.
Paralelamente a estas acciones, se solicitó información al Ministerio Público sobre el estado de la investigación a nivel penal contra el docente, que se encuentra a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Urubamba. Este despacho fiscal informó que el caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria y que se ha dispuesto que la adolescente sea atendida por la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo considera que ante un hecho de violencia sexual que involucre a niñas, niños o adolescentes, las autoridades educativas y del sistema de justicia deben actuar con la debida diligencia, así como considerar el interés superior y enfoque de género para resolver el caso y garantizar que toda víctima menor de edad acceda, oportunamente, a la justicia y reparación.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda a toda autoridad estatal su obligación de brindar especial protección a la niñez y adolescencia, así como garantizar, en todo momento, el respeto de sus derechos a la integridad y al acceso a la justicia en defensa de su interés superior. Asimismo, comunica a la comunidad en general que, conforme a sus funciones, seguirá supervisando la atención adecuada y célere de casos de violencia hacia grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad.
Vía Gob.pe
