Ministro Zeballos expuso acciones adoptadas por su sector tras excarcelación irregular de sicario Rubén Moreno Olivo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, respondió hoy ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de 12 preguntas formulado por la representación nacional sobre la excarcelación irregular del interno Rubén Moreno Olivo, ocurrida el 13 de junio de este año, y dio a conocer todas las acciones que adoptó su sector para sancionar a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), presuntos responsables del hecho.

Precisó que inmediatamente conocida la excarcelación, como primera acción, el 26 de junio, el MINJUSDH dispuso el cese inmediato del presidente y miembros del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y de diversos funcionarios y servidores de esta institución en Lima y Chimbote.

Al día siguiente, la Procuraduría Pública del INPE interpuso denuncia por presuntos ilícitos contra la administración pública, contra el jefe de la Oficina de Registro Penitenciario del penal de Chimbote y una servidora de ese establecimiento con antecedentes judiciales.

Luego, el 6 de julio, se designó al nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario, en tanto el 10 de ese mes la Procuraduría Pública del INPE amplió la denuncia inicial, incluyendo al subdirector de Registro Penitenciario de la Oficina Regional Lima, a un trabajador a cargo de la identificación y registro, y al jefe de la Unidad de Ingresos y Egresos de la Subdirección de Registro Penitenciario.

El 13 de julio se logró la captura del delincuente liberado irregularmente.

Asimismo, el ministro dio a conocer las medidas adoptadas para evitar que ocurran nuevos casos de excarcelación irregular, más allá de si estas tienen como origen actos disfuncionales de servidores penitenciarios o si son ocasionadas por omisiones de otras entidades.

En coordinación con el Consejo Nacional Penitenciario, entre otras medidas, el 1 de julio se dispuso que la Dirección de Registro Penitenciario instruya a las subdirecciones regionales, así como al personal a su cargo, la rigurosa aplicación de sus actividades de registro y especialmente de los procedimientos de excarcelación de internos, conforme a la normatividad vigente.

También se dispuso que se instruya a las subdirecciones de Registro Penitenciario que, en caso se reciba mandatos judiciales relacionados a detención o excarcelación, independientemente de realizar las observaciones correspondientes y solicitar las subsanaciones del caso, generen alertas internas que impidan decisiones indebidas.

De igual modo, el 25 de julio se dispuso el uso oficial y obligatorio del Sistema Integral Penitenciario y el monitoreo de su cumplimiento en las unidades de registro penitenciario de los penales.

El ministro hizo también un diagnóstico de la situación de los penales del país y comentó que ha realizado visitas de trabajo a gran parte de estos, con el fin de conocer la realidad. “De los 69 penales he recorrido 50. Yo los visito, a mí no me cuentan sobre la realidad penitenciaria. Sería cómodo quedarme en mi escritorio, pero no, salgo a trabajar”, dijo.



Vía gob.pe

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