Allanar el camino de la formalización es una firme decisión del gobierno indicó Daniel Urresti
Según explicó, 67,000 mineros han mostrado la intención de abandonar la informalidad y otros 30,000 ya pasaron la primera etapa de formalización, y el reto es culminar el proceso dentro del plazo máximo establecido en abril de 2014.
El funcionario, designado en la víspera en el cargo en reemplazo de Enrique Álvarez Mendoza, precisó que es importante separar a los mineros informales y artesanales de los ilegales.
Los primeros, dijo, operan en zonas permitidas, pero requieren de la autorización de los dueños de los terrenos o que se les otorgue concesiones; los segundos se encuentran en lugares no aptos y atentan contra el ecosistema y la población.
Ante ello, aseguró que el Ejecutivo trabaja para allanar el camino de la formalización de los mineros; en el caso de los ilegales, reafirmó que se actuará con firmeza y que continuarán los operativos de interdicción.
Urresti Elera es general en retiro del Ejército Peruano y anteriormente se desempeñó como titular de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministro.
Según la Resolución Ministerial N° 234-2013-PCM, el alto comisionado representará a la Presidencia del Consejo de Ministros ante la Comisión Multisectorial de Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal y del Desarrollo del Proceso de Formalización.
También asume las funciones de coordinación y supervisión de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, por lo que deberá informar periódicamente al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, acerca del avance de las acciones ejecutadas en esta materia.
Es política del gobierno luchar contra la minería ilegal, a través de acciones de formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental.
En esa línea, la labor fue declarada de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria, con la finalidad de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades sostenibles.
Fuente: Andina
