jueves, 22 de noviembre de 2012

"Es nuestro deber como adultos hacer que nuestros niños sean, a futuro, ciudadanos de bien”, manifestó Primera Dama de la Nación


Los padres, profesores, autoridades y Gobierno deben cuidar de que nuestros niños sean, a futuro, ciudadanos de bien.

En la formación de nuestros niños se debe recuperar la historia y rechazar la violencia.

“Ningún niño, niña o adolescente del país debe estar al margen del ejercicio de sus derechos. El gobierno del Presidente Ollanta Humala tiene como prioridad el bienestar de nuestros menores, por eso, está trabajando para que sus derechos sean respetados y no vulnerados”, afirmó la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia.



Durante la celebración por los 20 años de creación del servicio de las Defensorías del Niño y Adolescente, la Primera Dama manifestó que el ejercicio de los derechos ciudadanos comienza desde la infancia. "Es nuestro deber como adultos hacer que nuestros niños sean, a futuro, ciudadanos de bien”.

Junto a la ministra de la Mujer, Ana Jara, la Primera Dama sostuvo que todos los menores tienen derecho a ser reconocidos, que sus familias los quieran, tener salud y educación, tener una nacionalidad, un lugar donde vivir y que se respeten sus opiniones. Agregó que los padres de familia, las autoridades y el gobierno -en todos sus niveles- deben ayudar a formar esa opinión y ese pensamiento en los menores, pues ellos deben comprender y entender su realidad y su historia.

“Ello cobra particular importancia cuando aparecen jóvenes enarbolando nuevamente banderas que trajeron terror y dolor hace tres décadas. Estos grupos, como Movadef, se presentan como defensores de los derechos, con el mismo discurso que hace 30 años seducía a los jóvenes en las aulas universitarias y también a escolares”, recordó.

En tal sentido, señaló que el propio Presidente, está comprometido en la protección del derecho de los niños a crecer y vivir sin violencia.

Finalmente, reconoció la importancia de celebrar otro aniversario de las Defensorías, porque es una estrategia que se desarrolla en el ámbito local y cercano a las poblaciones, que permiten promover y proteger los derechos que la Ley reconoce a las niñas, niños y adolescentes.

Fuente [presidencia]

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