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Proyectos sobre justicia social, competitividad y democracia serán priorizados por el congreso


Iniciativas en materia de democracia y estado de derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, y Estado eficiente, transparente y descentralizado, forman parte de la agenda legislativa para el período anual de sesiones 2012-2013.
Según resolución legislativa publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Congreso aprobó la agenda que formará parte de sus actividades en el vigente período de sesiones parlamentarias y que la representación nacional debatirá durante un año.

De acuerdo a la norma, la agenda contiene cuatro objetivos, y para lograrlos, mencionó 41 proyectos de ley agrupados en las políticas de estado establecidas por el Acuerdo Nacional.

En la política de fortalecimiento del régimen democrático y del estado de derecho, figura la iniciativa del retorno a la bicameralidad, el transfuguismo, así como la elección del defensor del Pueblo y miembros del Banco Central de Reserva y Tribunal Constitucional.

Para impulsar la democratización y fortalecimiento del sistema de partidos, el Congreso contempla proyectos para eliminar el voto preferencial y el voto obligatorio, además de una iniciativa para modificar la Ley de Partidos Políticos.

En torno a la política de erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, también se encuentra el conjunto de proyectos para disminuir el nivel de la delincuencia y reforzar las medidas preventivas de inseguridad ciudadana.

Sobre la política de descentralización, la agenda contiene proyectos sobre el fortalecimiento de ese proceso, el restablecimiento del Consejo Nacional de Descentralización, y de demarcación territorial.

Con respecto a la seguridad nacional, figura el proyecto de fortalecimiento del sistema de seguridad y defensa nacional.

Acerca de la política de reducción de la pobreza, se contemplan iniciativas de promoción de mecanismos de inclusión social; y en la política de promoción de igualdad de oportunidades, proyectos de protección del adulto mayor, poblaciones vulnerables y discapacitados.

En la política de acceso universal a la educación, la agenda contiene iniciativas de fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, y promoción de la cultura; mientras que la política de acceso a los servicios de salud, hay proyectos para fortalecer el sistema de salud y la seguridad social.

Para ejecutar la política de acceso al empleo digno, figuran proyectos de mejoramiento en la calidad del empleo y protección de derechos laborales; para la política de promoción de la seguridad alimentaria, y un proyecto para establecer la seguridad alimentaria.

En torno a la política de fortalecimiento de la familia, también se encuentra un proyecto de ley de protección a los niños y adolescentes.

Sobre la política de búsqueda de la competitividad, existen propuestas sobre desarrollo y fortalecimiento de la actividad empresarial y la competencia, incluyendo las zonas de tratamiento especial; además de una revisión de normas en materia de minería e hidrocarburos.

Con respecto a la política de desarrollo sostenible, figura el proyecto de protección del medio ambiente y otro de ordenamiento territorial; y en la política de desarrollo de ciencia, está la iniciativa de promoción de educación técnica, de desarrollo de telecomunicaciones, y de promoción de la ciencia, innovación y tecnología.

Acerca de la política de desarrollo agrario y rural, la agenda contiene iniciativas sobre mayor desarrollo de la agroexportación, fomento de la pequeña y mediana agricultura, de creación del Viceministerio de Desarrollo Rural, de ampliación de la frontera agrícola, y de mayor innovación tecnológica.

En la política de afirmación de un Estado eficiente, se contempla proyectos sobre definición de los ámbitos de inversión en los tres niveles de gobierno, de fortalecimiento del empleo público, y de los derechos de usuarios de la administración pública.

También se incluye proyectos sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos, de reforma y modernización de la gestión del Estado, de protección y defensa de los derechos de usuarios y consumidores, y de mejoras en la administración pública.

Para ejecutar la política de promoción de la ética, existe un conjunto de iniciativas para reforzar la lucha contra la corrupción; y sobre la política de erradicación del tráfico de drogas existe el proyecto para crear la Autoridad Autónoma de Lucha contra la Corrupción, Narcotráfico y Lavado de Activos.

En torno a la política de eliminación del terrorismo, el Parlamento contempla el debate de diversos proyectos para luchar contra la subversión; y finalmente, en la política de recursos hídricos, existen iniciativas sobre protección y conservación de las cuencas y defensas ribereñas.

Fuente [Andina]

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